CONSTITUCIONALIDAD

Alfredo Vera.- Quito, 19 de Enero, 2008.- Con frecuencia, voceros de la derecha socialcristiana y sus áulicos, se dedican al deporte insulso de buscar argumentos destinados a convencer que el Ecuador está viviendo un régimen dictatorial.

La absoluta mayoría ciudadana, al amparo de las leyes y normas constitucionales vigentes, escogió en las urnas su destino:

a) Eligió a Correa Presidente;
b) Aprobó en el referéndum la convocatoria a la Asamblea Constituyente (y aunque fuese redundante, le agregaron: de plenos poderes)
c) Designó con voto en las urnas a los 130 Asambleístas.

Todo este ciclo otorgó al proceso vivido, además de legalidad, legitimidad.

A quienes se llenan la boca hablando de democracia hay que recordarles que la legitimidad de este sistema se origina, precisamente, en las urnas.

Cuando el pueblo soberano acude a las urnas para un proceso destinado a elegir gobernantes, su derecho o compromiso se limita a escoger el o los candidatos de su predilección. El resultado sólo tiene una opción: ganar o perder y se acabó.

Pero si tiene que votar por un referéndum, además de ganar o perder, hay de por medio el compromiso de escoger como ganador, conceptos que responden a una propuesta que ha sido enunciada y desmenuzada por los proponentes.

A los ecuatorianos se les propuso que diga si quería o no una Constituyente; que esa Asamblea tuviera plenos poderes, ¿para qué?, para generar cambio al amparo de una consigna llamada revolución ciudadana.

Los votantes sabían que, además de hacer una nueva constitución (no parchar la anterior), se propuso cambiar el marco institucional, porque una nueva constitución demandaba también un nuevo marco institucional (no parchar el anterior).

Más del 70% del soberano dijo sí y desde ese momento le otorgó legitimidad a la propuesta escogida.

Por esa voluntad mayoritaria se genera una transición: La constitución y el marco institucional vigentes empiezan a morir a la par que una nueva constitución y un nuevo marcos institucional empiezan a nacer.

Si pretendemos vivir en un estado de derecho, cualquier cambio en el marco institucional, tiene que producirse al amparo de una ley: ¿una ley anterior?: absurdo, ilógico, improcedente. Tiene que ser una ley nueva que corresponda a ese marco institucional nuevo, que cambie, que revolucione el viejo anterior.

Con plenos poderes, otorgados por el soberano, la Asamblea tenía que legislar (crear una ley), en este caso, por ejemplo, para cambiar el marco institucional de la tributación.

Y el cambio tenía que expresar el concepto revolucionario de que tributen todos, sin trampas para eludir la responsabilidad de que paguen más los que ganan más.

De Perogrullo, ¿verdad?. ¿Dónde la dictadura?.-


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