Quito 23 de diciembre, 2006.-
Por el lado de la derecha oligárquica (Alvarito y León) y el populismo derrocado (de Bucarám y el dictócrata Lucio), hay ya una decisión radical: oponerse a la Constituyente y llevar por eso la sangre al río.
Del lado de Correa y quienes respaldan su gestión, hay la decisión de ser consecuentes y coherentes entre la oferta de campaña electoral y el triunfo arrollador y contundente que lo llevó a la Presidencia.
La perspectiva no es otra que una inicial batalla, aparentemente jurídica y constitucional, con el argumento esgrimido por esa derecha oligárquica y populista, de que la actual Constitución sólo da facultades a un Presidente de la República para convocar una consulta para saber si el pueblo quiere que se reforme la Constitución, sin que el texto de la consulta sea revisado y aprobado por el Congreso Nacional.
Pero la consulta de Correa no va por el camino de preguntar si se quiere reformar la Constitución, sino de convocar, si el pueblo así lo confirma con su voto mayoritario, a una Asamblea Constituyente, omnímoda y de plenas facultades, para elaborar un nuevo texto constitucional que sustituya al vigente.
Alguien puso un ejemplo sencillo para comprensión universal: la diferencia es como mandan a arreglar un traje o comprar uno nuevo.
Son dos cosas distintas y no cabe argucias leguleyas para confundir al ciudadano común.
Correa ha dado dos pautas positivas que son muy claras: el estatuto para elegir a los asambleístas pondrá en juego una de las bases fundamentales (que otorga transparencia y legitimidad) y es que la designación de todos ellos se dé por el voto universal, directo y secreto, descartando la posibilidad de una elección corporativa, a dedo o instaurando el atentatorio privilegio.
La otra pauta es que no se utilizará el mecanismo de elección por distrito, que generaría un caos, pues el país no está preparado para ese experimento, por la tremenda dificultad de aplicarlo.
Sería bueno, además, que se tenga muy en cuenta que la sociedad ha venido criticando el número de miembros de un cuerpo legislativo, como sería la Asamblea Constituyente: Si se criticó tanto que la Constitución incrementó el número de miembros del Parlamento, de 64 a 100, no sería dable que ahora se proponga llegar al número de 130 o más.
Es cierto que la letra constitucional por sólo existir no va a arreglar los problemas estructurales de una sociedad, pues el arreglo depende de la transformación de conducta humana de quienes la apliquen con honestidad, severidad y sin patrocinar privilegios.
Si frente el planteamiento de Correa la oposición derechista conduce a una contradicción irreconciliable, no queda otra opción de conducir las cosas a que sea el pueblo el que diga en las urnas, libre y soberanamente, cuál es el destino que escoge para este país donde impera la injusticia social, acompañada de la más nefasta corrupción.
¿Quien debe decidir, entonces?: el pueblo en las urnas, mediante consulta.-
Por el lado de la derecha oligárquica (Alvarito y León) y el populismo derrocado (de Bucarám y el dictócrata Lucio), hay ya una decisión radical: oponerse a la Constituyente y llevar por eso la sangre al río.
Del lado de Correa y quienes respaldan su gestión, hay la decisión de ser consecuentes y coherentes entre la oferta de campaña electoral y el triunfo arrollador y contundente que lo llevó a la Presidencia.
La perspectiva no es otra que una inicial batalla, aparentemente jurídica y constitucional, con el argumento esgrimido por esa derecha oligárquica y populista, de que la actual Constitución sólo da facultades a un Presidente de la República para convocar una consulta para saber si el pueblo quiere que se reforme la Constitución, sin que el texto de la consulta sea revisado y aprobado por el Congreso Nacional.
Pero la consulta de Correa no va por el camino de preguntar si se quiere reformar la Constitución, sino de convocar, si el pueblo así lo confirma con su voto mayoritario, a una Asamblea Constituyente, omnímoda y de plenas facultades, para elaborar un nuevo texto constitucional que sustituya al vigente.
Alguien puso un ejemplo sencillo para comprensión universal: la diferencia es como mandan a arreglar un traje o comprar uno nuevo.
Son dos cosas distintas y no cabe argucias leguleyas para confundir al ciudadano común.
Correa ha dado dos pautas positivas que son muy claras: el estatuto para elegir a los asambleístas pondrá en juego una de las bases fundamentales (que otorga transparencia y legitimidad) y es que la designación de todos ellos se dé por el voto universal, directo y secreto, descartando la posibilidad de una elección corporativa, a dedo o instaurando el atentatorio privilegio.
La otra pauta es que no se utilizará el mecanismo de elección por distrito, que generaría un caos, pues el país no está preparado para ese experimento, por la tremenda dificultad de aplicarlo.
Sería bueno, además, que se tenga muy en cuenta que la sociedad ha venido criticando el número de miembros de un cuerpo legislativo, como sería la Asamblea Constituyente: Si se criticó tanto que la Constitución incrementó el número de miembros del Parlamento, de 64 a 100, no sería dable que ahora se proponga llegar al número de 130 o más.
Es cierto que la letra constitucional por sólo existir no va a arreglar los problemas estructurales de una sociedad, pues el arreglo depende de la transformación de conducta humana de quienes la apliquen con honestidad, severidad y sin patrocinar privilegios.
Si frente el planteamiento de Correa la oposición derechista conduce a una contradicción irreconciliable, no queda otra opción de conducir las cosas a que sea el pueblo el que diga en las urnas, libre y soberanamente, cuál es el destino que escoge para este país donde impera la injusticia social, acompañada de la más nefasta corrupción.
¿Quien debe decidir, entonces?: el pueblo en las urnas, mediante consulta.-
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